Durante el Primer Foro de Análisis de Amnistía organizado por el Poder Judicial del Estado de México (PJEM), se informó que, desde la entrada en vigor del beneficio de libertad anticipada por la Ley de Amnistía, se han recibido 4 mil 832 solicitudes, de las cuales 2 mil 898 fueron admitidas, mientras que mil 775 fueron rechazadas y el resto fueron prevenidas o siguen en estudio.
En el desglose de la información, se aclaró que 2 mil 697 solicitudes fueron presentadas en el juzgado de ejecución; de estas 2 mil 377 fueron favorables y 320 improcedentes.
En ese sentido, de las 4 mil 820 solicitudes, 2 mil 384 fueron concedidas, 2 mil 834 fueron presentadas por defensores de las personas privadas de su libertad, mil 793 por el propio imputado, 139 por familiares y 66 por organizaciones y organismos públicos.
De las solicitudes concedidas, 2 mil 360 fueron por casos de robo, tres por abigeato, una por homicidio, 10 contra la salud, una por uso de objeto o documento falso, otra por evasión y daño de bienes y una por violación equiparada; sin embargo, se aclaró que en estos casos el interno tuvo que pagar la reparación del daño a las víctimas.
Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Poder Judicial del Estado de México, reconoció la labor de los involucrados en la materia como es la legislatura, la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia y los colectivos que se sumaron desde un principio.
“La responsabilidad que tenemos de manejar una Ley de Amnistía es muy importante, porque despresuriza los sistemas penitenciarios”, manifestó.
Este beneficio al igual que las preliberaciones a través de otros mecanismos aproximadamente 4 mil personas hayan logrado su libertad, lo cual ha atacado de manera directa a la sobrepoblación penitenciaria.
“Si hoy tenemos alrededor de 34 mil personas privadas de su libertad, serían 34 mil o 35 mil personas privadas de su liertad; tendríamos una crisis mayor”.
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