Desde el pasado 4 de abril se le perdió el rastro a Ana Laura López Loaiza en el municipio de Huamantla, desde esa fecha los familiares han protagonizado acciones para presionar a las autoridades y se agilice la búsqueda; hasta el pasado lunes los avances eran favorables según informaron las autoridades encargadas de procurar justicia en el estado.
Fue detenido Juan Carlos N., originario de la comunidad de Nicolás Bravo que pertenece al municipio de Terrenate como principal sospechoso de la desaparición de la femenina, sin embargo, la mañana del jueves 28 de abril fue declarado con muerte cerebral tras ser severamente golpeado, presuntamente por agentes de la PGJE.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE) confirmó mediante un comunicado oficial que el día 27 de abril se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Carlos N, por su probable participación en el delito de desaparición de Ana Laura, ocurrida a principios del mes de abril.
La PGJE inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por las lesiones que presentó el imputado en el momento en que se ejecutó la orden de aprehensión en su contra.
En este momento, los servidores públicos implicados, se encuentran rindiendo su declaración a efecto de deslindar responsabilidades.
Las averiguaciones de rigor correspondientes, están en marcha y la PGJE será contundente en la investigación para fincar responsabilidad penal, administrativa y de cualquier otra índole que derive de este caso.
La búsqueda de Ana Laura N. continúa, en seguimiento a los protocolos que corresponden, en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Fiscalía de Personas Desaparecidas y No Localizadas, peritos y demás entidades auxiliares, apoyándose con los equipos tecnológicos y científicos de búsqueda.
En la sesión ordinaria la diputada presidenta de la comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas, Lorena Ruiz, reprochó la falta de profesionalismo de los ministeriales por actuar “a la antigua”, por lo que exigió que la titular de la PGJE, Ernestina Carro Roldán se pronuncie, “por que la actitud de la funcionaria demuestra incapacidad ante las problemáticas del estado”.
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