Aprueban la creación de la Ley de Gobernanza Digital del estado de Tlaxcala

Los integrantes de la LXIV Legislatura local aprobaron la iniciativa de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros que crea la Ley de Gobernanza Digital del estado de Tlaxcala, y de paso, para evitar antinomias o contradicciones legales, avalaron diversas reformas y adiciones a 17 normas locales que tienen injerencia con la nueva disposición legal.

En la sesión ordinaria de este martes, los diputados agilizaron la discusión y validación de la iniciativa preferencial que presentó la mandataria, a través de la cual, pretende establecer las bases, principios, procedimientos, instrumentos rectores y mecanismos de coordinación entre los sectores público, privado y social, relacionados con la gestión y administración de la Gobernanza Digital.

La nueva norma, explicaron, busca abatir el rezago que existe en el uso de las tecnologías de la información en los diversos trámites y servicios que brinda el estado, por lo que, con la creación de esta ley,  pretenden gestionar datos, emprender un gobierno “digital, gobierno interconectado, tecnológico y de gestión de la infraestructura digital, así como la regulación, vigilancia, control y evaluación en la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, respecto de los servicios gubernamentales y mecanismos de vinculación con los habitantes del Estado, garantizando los derechos consagrados en la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”.

Entre los argumentos esgrimidos para crear esta nueva ley y adecuar otros ordenamientos, establecieron que “la gobernanza digital es más que la digitalización de trámites, implica la implementación de programas, planes, estrategias, modelos de actuación, unificación de criterios y plataformas empezando por el establecimiento de una llave única que abra todas las puertas gubernamentales con Independencia de si se trata de un trámite, servicio o del ejercicio del derecho constitucional de petición… es un compromiso de las agendas internacionales de buenas prácticas gubernamentales y no debe limitarse a la creación de buzones de servicio virtual centralizados, pero poco desarrollados generando en el usuario más problemas que soluciones”.

Según la nueva ley, el Estado debe establecer la política estatal de gobernanza digital a través de los distintos mecanismos que faciliten el acceso inmediato, pronto y en tiempo real de las personas, a los servicios gubernamentales.

Además, busca el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones como herramienta de vinculación con los servicios que presta el gobierno, en beneficio de las y los gobernados y fijar los procedimientos, instancias y mecanismos, en los que se aplicarán las tecnologías de la Información y las comunicaciones como mecanismos de vinculación entre el gobierno, sus dependencias y la sociedad.

Para ello, deberán definir y establecer las instancias reguladoras, así como las estrategias para el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la Información y las comunicaciones, así como fomentar el uso de éstas políticas como mecanismo formal de petición ante las autoridades, con excepción de aquellos que la legislación aplicable establezca.

Con ese propósito, las dependencias y entidades, los municipios, los poderes Legislativo y Judicial, órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos, serán sujetos de la nueva ley y deberán realizar las acciones de fomento, planeación, regulación, control y vigilancia relativas al uso y aprovechamiento de las tecnologías de la Información y las comunicaciones de manera coordinada y concurrente, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Entre algunas disposiciones de la nueva norma, se crea el Consejo Estatal de Gobernanza Digital, que será la máxima instancia de coordinación y definición de las políticas públicas en la materia y estará integrado por el titular del Poder Ejecutivo del estado, quien lo presidirá, así como por los titulares de las secretarías de Finanzas; Función Pública; Seguridad Ciudadana y de Educación Pública; así como de la persona titular de la Oficialía Mayor de Gobierno; Comisionado Estatal de Mejora Regulatoria y del titular de la Agencia Estatal de Gobernanza Digital y de los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, un representante de los organismos autónomos.

El Consejo Estatal de Gobernanza Digital tendrá a su cargo el establecimiento de los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continúas y evaluables, tendentes a cumplir con los fines de la gobernanza digital; emitir su reglamento interno, así como lineamientos, acuerdos y resoluciones generales, para el funcionamiento del Sistema; aprobar el Plan Estatal de Gobernanza Digital, así como los programas específicos y promover la homologación e integración de los sistemas de gestión, atención ciudadana, vinculación con la sociedad y demás mecanismos electrónicos para la gestión de trámites y peticiones, de las dependencias y entidades, entre otros.

De igual forma, la nueva norma prevé la creación del Sistema Estatal de Gobernanza Digital, el cual se administrará a través de la Plataforma Estatal, “que consiste en la infraestructura informática de carácter homologado y de naturaleza transversal, por medio de la que los usuarios, podrán acceder, por medio del instrumento autentificador digital, a la realización de peticiones, tramites, servicios y evaluación de la administración pública”.

Previo a la creación de esta norma, los diputados avalaron una serie de reformas y adiciones a 17 leyes locales, con la finalidad de reconocer la figura y establecer acciones en materia de gobernanza digital.

Sin embargo, la forma en la que fueron aprobadas estas enmiendas, pues todas las adecuaciones fueron aprobadas en el mismo dictamen de creación de la nueva ley, fueron objetadas por el diputado petista Miguel Ángel Covarrubias, quien fustigó la medida, al objetar un error de procedimiento, ya que todas las adecuaciones debieron ser validadas de manera separa y unitaria.

La mayoría de los diputados obviaron esa oposición, y decidieron respaldar las reformas a las leyes de Archivos; de Catastro; de Comunicaciones y Transportes; de Consulta Ciudadana; de Fomento Económico; de Mejora Regulatoria; de Profesiones; de Responsabilidad Patrimonial; de Sociedades de Convivencia Solidaria; de Procedimiento Administrativo; para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; que Regula el Otorgamiento de Recursos Públicos a las Organizaciones Sociales; de Seguridad Pública; de la Administración Pública; Municipal y de Ciencia y Tecnología, así como al Código Financiero para el estado de Tlaxcala y sus municipios.

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