La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) observó que falta legislar en Tlaxcala para garantizar plenamente los derechos político–electorales de personas privadas de la libertad (PPL), después de la observación que realizó en los 3 Centros de Reinserción Social (Ceresos) de la entidad durante las jornadas de votación de 2024.
En los Ceresos varonil de Tlaxcala y varonil y femenil de Apizaco participaron para la elección de autoridades federales 228 personas en prisión preventiva, de las cuales 15 fueron mujeres y 213 fueron hombres. La cifra total representó 90 por ciento del total que se encuentran bajo esta calidad en los centros penitenciarios.
En el Informe Especial, la CNDH expuso que de las 228 personas que emitieron su voto, 30 pertenecen a grupos de atención prioritaria: 3 hombres indígenas en el Cereso de Tlaxcala; 12 personas con alguna discapacidad (3 con discapacidad motriz, 3 con discapacidad psicosocial, 3 más de tipo visual y 3 más auditiva).
También, 5 personas adultas mayores en los Ceresos varoniles de Tlaxcala y Apizaco; 9 con alguna enfermedad crónico–degenerativa (4 mujeres y 5 hombres) y una mujer transgénero.
El organismo nacional destacó entre las acciones afirmativas para permitir el proceso de votación en los 3 centros, el hecho de que personal del Instituto Nacional Electoral (INE) brindara atención personalizada a personas con discapacidad para facilitar su voto, el que se acercara la casilla a personas con dificultades motrices.
No obstante, encontró que hay aspectos de mejora para próximos procesos de votación en prisión preventiva, entre ellos, perfeccionar la difusión electoral al interior de los centros penitenciarios para que las personas cuenten con información suficiente para emitir su voto; legislar para garantizar sus derechos político–electorales a plenitud; y fomentar la observación electoral, pues en esta ocasión participaron 24 personas acreditadas por el INE.
