La cadena de comida rápida El Pollo Feliz, una de las más populares del país en el rubro de alimentos preparados a base de pollo, enfrenta una seria crisis de imagen en Tlaxcala luego de que 8 de sus sucursales en los municipios de Tlaxcala, Chiautempan y Huamantla fueran suspendidas por autoridades estatales tras una serie de operativos sanitarios realizados entre el 5 y el 9 de mayo por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coeprist).
Aunque el gobierno local ha insistido en que la medida responde a irregularidades sanitarias detectadas durante verificaciones de rutina, el contexto político y social que rodea esta acción ha provocado un intenso debate público: la suspensión de las franquicias ocurrió solo unos días después de que José Luis Salinas, propietario de la marca El Pollo Feliz, hiciera comentarios ofensivos y clasistas en contra del estado de Tlaxcala y sus habitantes.
“Ser director del Metro, digo para los de Tlaxcala que no están aquí, es mejor que ser gobernador de Tlaxcala”, dijo Salinas durante una celebración privada en la que fue grabado en video en compañía de legisladores de Morena y el Partido del Trabajo. La grabación fue difundida ampliamente en redes sociales, donde usuarios tlaxcaltecas y figuras públicas expresaron su indignación.
La gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, no tardó en pronunciarse y calificó los dichos como “profundamente ofensivos”, “excluyentes” y “clasistas”, además de exigir una disculpa pública tanto del empresario como de quienes lo acompañaban. En respuesta, Salinas compartió un mensaje en redes en el que ofreció disculpas, aunque muchos consideraron que estas fueron insuficientes o poco sinceras.
Mientras tanto, los sellos de “Suspensión de trabajo y servicios” colocados en los accesos de varias sucursales comenzaron a circular también en redes sociales. Aunque el comunicado oficial del gobierno no menciona a El Pollo Feliz por nombre, las imágenes confirmaron la clausura de al menos ocho establecimientos de la franquicia en cuestión.
La Coeprist informó que las medidas aplicadas se deben al hallazgo de violaciones a 8 artículos de la Ley General de Salud y de la Ley de Salud del Estado, sin detallar cuáles fueron las faltas específicas cometidas por las sucursales sancionadas. Más tarde, y en un intento por desmarcarse de acusaciones de revanchismo político, el gobierno estatal difundió otro comunicado asegurando que las inspecciones incluyeron consultorios, carnicerías y purificadoras de agua, y que un total de 18 establecimientos de diferentes giros fueron suspendidos por “irregularidades consideradas puntos críticos”.
Pese a ello, la percepción de que se trató de una represalia disfrazada de revisión sanitaria ha ganado terreno entre sectores de la opinión pública. Cibernautas y algunos líderes de opinión han cuestionado el uso de instrumentos legales para castigar lo que consideran expresiones condenables, pero protegidas bajo el derecho a la libertad de expresión, y advierten que detrás de esta acción podría haber un intento de dar un escarmiento político y mediático.
Otros, en contraste, aplauden la respuesta gubernamental y consideran que los comentarios clasistas de Salinas no pueden ser tolerados, menos aún viniendo de empresarios que lucran en estados a los que luego desprecian públicamente.
Hasta el 12 de mayo, las sucursales clausuradas permanecían cerradas y con sellos visibles en sus puertas. La situación deja a decenas de trabajadores sin empleo temporal y a una marca fuertemente golpeada por la controversia.
