La profesionalización y el ordenamiento de las fuerzas de seguridad municipal serán prioridad este año. En el marco de la primera reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad, autoridades estatales delinearon las nuevas exigencias que los ayuntamientos deberán acatar para alinearse con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Maximino Hernández Pulido, fue contundente al enumerar los requisitos de certificación institucional que entran en vigor: garantizar una fuerza operativa de al menos un policía por cada 1,000 habitantes; tener al 100% del personal inscrito en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y lograr que al menos el 75% de los elementos estén evaluados y aprobados en sus exámenes de control y confianza.
Una de las medidas más relevantes anunciadas por Hernández Pulido es el fin de la rotación descontrolada de agentes.
“El fenómeno de la migración deja de existir en todo el país a partir de este mes. Ya no nos conviene; esto nos va a dar certeza a nosotros y a los compañeros, porque vamos de la mano con la homologación salarial”, explicó.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Martín Perea Marrufo, exhortó a los alcaldes a abrir canales de comunicación directa.
“La solicitud es que nos dejen entrar a sus redes vecinales, ser parte de esos chats donde estemos monitoreando y subiendo resultados”, solicitó.
Asimismo, puso a disposición la infraestructura estatal para la formación de los cuerpos locales:
“La Academia de Policía es de ustedes. Es un proyecto de nuestra gobernadora para que todos nuestros elementos, tanto estatales como municipales, entren a capacitarse”.
Las autoridades fijaron el primer trimestre del año como plazo clave para comenzar a ver resultados en el cumplimiento de estas metas.
