Víctimas, familiares y organizaciones de derechos humanos exigen justicia por el Caso Tlaxcala, en el que seis hombres fueron detenidos arbitrariamente y torturados por un delito que, aseguran, les fue fabricado y por el que permanecen en prisión preventiva oficiosa desde hace casi 24 años.
El caso se mantiene abierto a pesar de que organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han dictaminado la “ilegalidad del proceso”, debido a que las autoridades locales han obstaculizado el acceso a la justicia y la verdad.
Por este motivo, en conferencia de prensa reclamaron la libertad absoluta e inmediata de Jorge Hernández Mora, Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño y Sergio Rodríguez Rosas, así como la intervención de las autoridades para la resolución del caso.
Los hechos se remontan al 13 de agosto de 2002, cuando 6 personas fueron detenidas ilegalmente en el Estado de México y la Ciudad de México por agentes del estado de Tlaxcala.
Según los documentos presentados, las detenciones formaron parte de una “cruzada antisecuestros” implementada por las autoridades estatales y federales para responder a presiones políticas y empresariales, privilegiando los resultados mediáticos sobre la justicia.
Humberto Guerrero, representante de la organización Fundar, señaló que el caso fue una “decisión deliberada por parte de un gobierno de ejecutar una política de investigación… sin importar las consecuencias”, lo que implicó detener y torturar personas arbitrariamente.
El abogado de la defensa, Agustín Acosta (reconocido por participar en casos como el conocido como “Cassez-Vallarta”), calificó el proceso como una estrategia para “fabricar delitos y tapar la incompetencia” de la entonces Procuraduría de Tlaxcala, quienes no tenían la capacidad de resolver el delito de secuestro en el país.
Durante su detención y traslado, las víctimas sufrieron golpes, asfixia y descargas eléctricas para obligarlas a autoinculparse. Rosa Mora, madre de Jorge Hernández, relató el sufrimiento de su hijo:
“Él fue torturado terriblemente, metido en una cisterna de agua y aplastándole su cabeza. Asfixiado. Él sufrió una tortura terrible y yo como su madre me duele en el alma todas estas injusticias”.
De acuerdo con los familiares, una de las mayores irregularidades denunciadas fue la exhibición pública de los detenidos como una banda de secuestradores, a pesar de que algunos de los implicados ni siquiera se conocían.
Incluso, se documentó que los agentes inicialmente buscaban a un niño de 5 años y, al no encontrarlo, detuvieron a su hermano mayor en su lugar.
De los 6 detenidos originales, dos han recuperado su libertad tras años de encierro injusto. Sin embargo, José María Cirilo Ramos Tenorio falleció en 2013 debido a las secuelas de la tortura.
Al respecto, su hermana, Isabel Ramos, aseguró en la conferencia de prensa, realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que “mi hermano no falleció, nos mataron a mi hermano en prisión”, señalando que los hematomas hepáticos causados por los golpes derivaron en su muerte.
A pesar de que existen dictámenes que comprueban la tortura y una resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU que ordena su liberación, el sistema judicial mexicano ha mantenido el caso en un “limbo” procesal.
“Afortunadamente todavía existen 3 personas que esperan que la justicia algún día llegue, para nosotros se acabó esa esperanza cuando mi hermano falleció”, dijo Isabel Ramos.
Además, denunciaron que el juez José Eduardo Morales Sánchez, del Sistema Tradicional, Penal y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes de Tlaxcala, reclasificó el delito de tortura a “abuso de autoridad” para declarar su prescripción y evitar sancionar a los responsables.
Tras más de 2 décadas de lucha, los familiares denunciaron un desgaste físico, emocional y económico insostenible.
Osvaldo Rodríguez, quien pasó 15 años preso antes de ser absuelto, cuestionó la lentitud de las autoridades: “¿Hasta cuándo las autoridades van a tomar cartas en el asunto? No puede ser posible que a casi 24 años no se pueda conseguir la libertad de los compañeros”.
La defensa legal se encuentra a la espera de que un Tribunal Colegiado resuelva un recurso de revisión que podría otorgarles la libertad definitiva.
Las demandas centrales de las familias son el reconocimiento oficial de la tortura, la reparación integral del daño y que se acaten las recomendaciones internacionales que el Estado mexicano ha ignorado sistemáticamente hasta la fecha.
Al finalizar la conferencia de prensa, la señora Rosa Mora, madre de Jorge Hernández Mora, pidió también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervenir para revisar el caso.
“Les pido por favor, como lo pide una madre por su hijo, a gritos, que nos escuchen, que nos hagan favor de revisar todas las anomalías que hay, todas las injusticias”.
Esta mañana, víctimas y más de 600 firmantes presentaron una solicitud formal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que realice una audiencia pública sobre la figura de la prisión preventiva oficiosa, mejor conocida como prisión automática, previo a resolver diversos asuntos que el máximo tribunal tiene pendientes sobre este tema.
El documento, dirigido al ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, fue promovido por Daniel García Rodríguez, Reyes Alpízar Ortiz y el abogado Simón Alejandro Hernández León, quienes entregaron la petición respaldada por personas, organizaciones y colectivos de la sociedad civil.
El objetivo de la solicitud es abrir un foro amplio de discusión antes de que el Pleno de la Corte resuelva los expedientes de cumplimiento de las sentencias internacionales de los casos Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez y otro vs. México.
