Con el argumento de que la llamada gestación subrogada o alquiler de vientres abre la puerta a la explotación reproductiva de las mujeres y al posible tráfico de menores, la diputada perredista Laura Yamili Flores Lozano propuso una iniciativa para prohibir esta práctica en Tlaxcala y sancionar penalmente a quienes participen en ella.
Durante la sesión ordinaria, la legisladora propuso diversas reformas y adiciones a los códigos Penal y Civil, así como a la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el estado, con el propósito de impedir que el cuerpo de las mujeres sea utilizado como mercancía bajo el argumento de la reproducción asistida.
En su intervención, la perredista propuso establecer penas de 4 a 7 años de prisión y multas de 288 a 504 días de salario a quien participe en procedimientos de gestación subrogada en condiciones irregulares.
La sanción alcanzaría a quienes implanten en una mujer un óvulo fecundado utilizando material genético de donantes no autorizados, o cuando el procedimiento se realice sin el consentimiento expreso de la paciente o del donante, así como en casos donde exista consentimiento de menores de edad o de personas incapaces de comprender el significado del hecho o resistirse a él.
Flores Lozano sostuvo que el debate no puede reducirse a una discusión técnica sobre reproducción asistida, sino que debe centrarse en la defensa de la dignidad humana y de los derechos reproductivos de las mujeres.
“Basándome en el respeto a la dignidad humana y a la libertad de las mujeres, es necesario legislar sobre la gestación subrogada, prohibiendo la mercantilización de los vientres de las mujeres. Es indispensable contar con una legislación que otorgue seguridad plena frente a la comercialización del cuerpo femenino y que proteja los derechos del menor”, argumentó.
La propuesta también busca que la gestación subrogada sea considerada como una forma de violencia contra los derechos reproductivos y contra la dignidad humana, al definirse como el procedimiento mediante el cual una mujer genera un embrión fecundado para terceras personas contratantes, comprometiéndose a dar a luz y renunciar posteriormente a sus derechos de filiación.
La legisladora advirtió que la industria internacional del alquiler de vientres ejerce presión sobre gobiernos y organismos internacionales para normalizar esta práctica, presentándola como una supuesta expresión de “libre elección” de las mujeres, cuando en realidad , “muchas de las gestantes provienen de contextos de pobreza y vulnerabilidad económica”.
Flores Lozano citó datos de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina, organización que ha denunciado que en México alrededor de 5mil niñas y niños son comercializados cada año a través de esquemas de gestación subrogada, incluso en entidades donde la práctica no está regulada.
Además, expuso que el negocio implica costos que sólo pueden cubrir personas con alto poder adquisitivo, pues los contratos con madres gestantes pueden oscilar entre 150 mil y 270 mil pesos, sin contar gastos médicos, hospitalarios, tratamientos hormonales y honorarios legales.
La legisladora precisó que la iniciativa retoma una propuesta presentada en la pasada LXIV Legislatura por el diputado Juan Manuel Cambrón Soria, con el propósito de reabrir el debate legislativo sobre un tema que, dijo, no puede seguir ignorándose en la agenda pública del estado.
