Pese a las denuncias de campesinos de la zona oriente de Tlaxcala por el presunto uso de bombas o cañones antigranizo, autoridades estatales reconocieron que, hasta el momento, no han detectado ningún mecanismo de este tipo, mientras productores advierten sobre pérdidas de cultivos y escasez de lluvias que atribuyen al funcionamiento de estos artefactos.
Las denuncias se concentran en Huamantla, Ixtenco, Zitlaltepec y Cuapiaxtla, donde agricultores señalan posibles afectaciones a sus cosechas que, de acuerdo con sus estimaciones, alcanzarían alrededor de mil 700 hectáreas.
Los productores sostuvieron que el supuesto uso de esta tecnología estaría alterando las condiciones de lluvia en la región y afectando directamente sus cultivos. Ante esta situación, habitantes de las comunidades incluso entregaron documentos al Congreso local para exigir que se frene y prohíba el uso de estos artefactos.
El titular de la Secretaría de Gobierno (SEGOB), Luis Antonio Ramírez Hernández, aseguró que las autoridades mantienen operativos e inspecciones en zonas agrícolas para verificar si algún rancho o empresa utiliza estos sistemas.
“Hemos estado haciendo operativos para poder verificar si es que hay algún rancho o empresa que utilice este sistema; ya diversas inspecciones se han llevado a cabo y hasta el momento no hemos concretado la detección específica de algún mecanismo de este tipo, pero continuaremos acompañándolos”, declaró.
Ramírez Hernández señaló que ya se han sostenido reuniones con productores para atender sus peticiones y aseguró que continuarán las inspecciones y el diálogo con las comunidades.
Campesinos mencionan que hasta ahora, las autoridades no han presentado resultados concluyentes que permitan confirmar o descartar el uso de cañones antigranizo y exigen que se investigue el impacto que, según ellos, esta tecnología estaría teniendo en la producción agrícola.
El funcionario también adelantó que se busca gestionar nuevamente un programa de apoyo para productores de maíz blanco, con el propósito de establecer un mecanismo que contribuya a mejorar las condiciones de comercialización y garantizar mejores precios para el grano.
“Estamos buscando la gestión para impulsar que este programa este año vuelva a concretarse y esto garantice que los precios del maíz blanco puedan tener un mecanismo de apoyo”, señaló.
