En fechas recientes, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros presentó al Congreso del Estado 2 iniciativas que convergen en el fortalecimiento del andamiaje legal para prevenir la inseguridad en la entidad.
Se trata de 2 reformas al Código Penal para sancionar, por un lado, a las autoridades que permitan la operación de giros negros en territorio estatal, y por otro, a las personas que ejerzan funciones notariales sin contar con la debida autorización legal.
La modernización de las leyes locales es primordial para atender problemas en una sociedad cambiante, y en ambos casos, las propuestas planteadas por la mandataria estatal obedecen a la necesidad de encarar situaciones irregulares que afectan a la sociedad en su conjunto.
La primera iniciativa busca castigar con penas de hasta 12 años de cárcel a aquellas personas que favorezcan las actividades en establecimientos que ofrezcan espectáculos con personas desnudas, con el claro objetivo de hacer frente a delitos como trata de personas, prostitución o lavado de dinero, los cuales pueden ocurrir en negocios de este tipo.
Sin embargo, más allá de una mera acción punitiva, es evidente que la propuesta pretende atacar la violencia estructural que sufren muchas mujeres empleadas en estos lugares, pues a menudo trabajan en condiciones de presión o bajo esquemas que normalizan la violación de sus derechos elementales.
Por eso, al combatir la apertura de estos sitios mal llamados “de entretenimiento para adultos”, se atiende una de las causas que propicia la comisión de las conductas delictivas ya mencionadas, y se previenen las condiciones que cobijan, tanto la explotación sexual como la violencia de género, en agravio de mujeres que, lamentablemente, no se reconocen así mismas como víctimas de ello.
La segunda iniciativa, por su parte, busca imponer, con hasta 12 años de prisión, la usurpación de funciones notariales, práctica que afecta la confianza en diversos trámites legales y deteriora las condiciones de certeza jurídica en la entidad.
En este caso, la titular del Ejecutivo estatal, además de reconocer la importancia del papel que juegan los notarios, responde a un problema de seguridad jurídica que deriva, precisamente, de prácticas que comprometen la integridad del ejercicio notarial.
Como sabemos el valor de la fe pública radica en su importancia jurídica, económica y social, de modo que, al plantear un tipo penal específico para castigar el ejercicio de funciones notariales al margen de la ley, se pretende solucionar un vacío legislativo, a falta de un mecanismo para abordar esta clase de faltas. De este modo, se actualizaría el marco normativo para permitir a las autoridades actuar con más efectividad y certeza en aquellos casos en los que el ejercicio notarial se realice de modo irregular.
Si se analiza con atención, ambas reformas tienen un enfoque de cero tolerancia a la impunidad ante las faltas en las que pudieran incurrir autoridades municipales, al otorgar premisos para la operación de giros negros en sus demarcaciones, así como fedatarios o personas que se hagan pasar por ellos, cuando las diversas obligaciones o funciones notariales se simulen o no se lleven a cabo como lo marca la norma.
Sin duda, las reformas al Código Penal que la gobernadora envió al Congreso local conllevan un compromiso con la transparencia y la justicia en Tlaxcala, al solicitar a las y los legisladores locales el análisis de dos fenómenos que exigen una respuesta contundente para fortalecer las condiciones de seguridad en estado. Confiamos en que las y los integrantes de la actual legislatura compartan la necesidad de ambas enmiendas.
