Policías y militares retiraron videocámaras que se hallaban en domicilios del barrio de Tlaxcala, y ahora será la Fiscalía General del Estado la que determine si eran operadas de manera ilegal.
Se trata de tres cámaras de vigilancia, que fueron detectadas e instaladas en zonas estratégicas, para el posible monitoreo de las unidades de policía.
Se argumentó que por medio de la Base de Operaciones Mixta Interinstitucional (BOMI), se logró el aseguramiento de estos equipos, que fueron ubicados en domicilios supuestamente abandonados del Barrio de Tlaxcala; con lo que se justifica que no hubo detenidos.
La evidencia asegurada quedó a disposición de las autoridades correspondientes, como se ha hecho con el aseguramiento de otros equipos de videovigilancia que se sospecha son ilegales, lo que deberá determinar la autoridad investigadora.
