El cierre de la Junta Especial número 33 de Puebla y el envío de casi 7 mil expedientes en el último trimestre de 2025 a la Junta Federal 46 de Tlaxcala se tradujo en un fracaso para la impartición de justicia laboral, coinciden abogados que representan a trabajadores. Los litigantes afirman que los juicios siguen atorados, que han tenido que promover más de 120 amparos para obligar a la autoridad a cumplir etapas mínimas del procedimiento y que los costos de defensa para los trabajadores se han disparado sin que exista una mejora real en la resolución de los conflictos obrero patronales; además, señalan que se desconoce cuántos asuntos de Puebla han sido desahogados, pues la opacidad ha prevalecido.
El 17 de junio de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo del secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, mediante el cual se suprimió la Junta Especial 33 en Puebla. Un día después entró en vigor el cierre y se dispuso que los asuntos en trámite se remitieran a las sedes federales de Tlaxcala y Oaxaca, pese a que la reforma laboral de 2019 estableció que las juntas deberían desaparecer conforme concluyeran su carga de trabajo, no antes.
En Puebla había alrededor de 10 mil 77 expedientes rezagados y los temas obrero patronales se turnaron a Tlaxcala, con un universo aproximado de 6 mil 696 juicios. Desde entonces, abogados laboralistas sostienen que el acuerdo vulneró el derecho de los trabajadores a litigar en el lugar donde residen y rompió la equidad procesal frente a las empresas demandadas.
En Tlaxcala, el funcionamiento de la Junta Federal 46 ha sido insuficiente para abatir el rezago que heredó de Puebla. Abogadas como Araceli Rebollar describen que las resoluciones son superficiales y obligan a recurrir al juicio de amparo de forma cotidiana para corregir errores.
De acuerdo con el abogado Héctor Argudín, por cada trabajador ha sido necesario llegar a promover hasta cuatro amparos indirectos: uno para que se lleve a cabo una audiencia, otro para desahogar pruebas, otro para que se turne a proyecto y uno más para que se dicte el laudo.
En un grupo de unos 30 trabajadores que él representa, esto suma alrededor de 120 amparos, lo que satura también a los juzgados de distrito y prolonga el tiempo para obtener una resolución definitiva.
Los litigantes subrayan que, ni siquiera con esta presión judicial, la Junta 46 ha transparentado cuántos asuntos provenientes de Puebla se han resuelto, lo que refuerza la percepción de que el rezago y la falta de información son parte del problema estructural.
El 27 de febrero de este año, Israel Navarrete dejó la presidencia de la JFCA 46. Antes de su salida, abogadas y abogados advirtieron que, si continuaba la inactividad y la omisión de la autoridad, no descartaban tomar nuevamente las instalaciones de la institución.
Rebollar detalló que el gremio ya había “planeado tomar las instalaciones, por lo menos un día”, a fin de que el secretario Marath Bolaños, el jefe del jurídico y la presidencia de la Junta Federal voltearan a ver la situación y el cúmulo de quejas presentadas por diversos litigantes.
Aunque esta acción no se concretó, no se descarta como una forma de presión ante la falta de respuestas y la prolongación del rezago.
Para los litigantes, una de las causas del fracaso del traslado a Tlaxcala fue la forma en que el expresidente Israel Navarrete reorganizó a la plantilla de la Junta Federal 46. Héctor Argudín relata que el ex funcionario movió a personas especialistas en dictámenes y amparos a puestos de secretarias escribientes, y envió a quien estaba en oficialía de partes, con experiencia en recibir promociones, a funciones que no dominaba.
A su vez, la persona encargada de amparos fue enviada como auxiliar de junta y la auxiliar original fue remitida a Ciudad de México, sin que se conozca si fue despedida. Esa cadena de cambios, señala, mermó seriamente la capacidad de la junta para procesar expedientes.
En la práctica, la Junta Federal 46 ha venido celebrando solo de tres a cinco audiencias diarias, ritmo que resulta claramente insuficiente frente al volumen de juicios enviados desde Puebla.
Héctor Argudín advierte que, si no se fija un plazo límite para concluir los asuntos y no se corrige la organización interna, podrían pasar hasta 30 años antes de que se agote el inventario de expedientes.
La junta opera con una plantilla de alrededor de 22 personas y aunque algunos empleados cumplen con su trabajo, hay otros que, según testimonios de abogadas como Araceli Rebollar, pasan buena parte de la jornada en pláticas informales dentro o fuera del edificio mientras las promociones se acumulan y, en algunos casos, los embargos se dejan sin efecto sin explicación clara.
La gestión de Israel Navarrete, ya removido de la presidencia de la Junta 46, también derivó en presuntas irregularidades en el manejo de cheques y laudos.
Héctor Argudín presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República luego de que el ex funcionario se negara a apercibir a una institución bancaria para que pusiera a disposición un cheque, pese a reiteradas solicitudes por escrito con fundamento en el derecho de petición.
Otra denuncia se refiere a la falta de emisión de un laudo, a pesar de que ya se había concluido la etapa de instrucción en el juicio.
El abogado refiere que incluso intentó presentar la queja administrativa ante instancias federales de combate a la corrupción, pero los portales estaban inactivos o no permitían registrar la denuncia, por lo que tuvo que acudir primero a una instancia estatal y pedir que se turnara a la autoridad federal competente.
Además del rezago, los abogados cuestionan los costos económicos y personales que el traslado de juicios a Tlaxcala impone a los trabajadores. Héctor Argudín señala que, aunque la distancia parezca corta, cada audiencia implica al menos una hora de ida, otra de regreso y una o dos horas de espera y desahogo, tiempo que los abogados dejan de dedicar a otros asuntos y que se traduce en honorarios adicionales.
Hay quienes llegan a tasar estos desplazamientos entre 3 mil y 5 mil pesos por ida a una audiencia, mientras que cada amparo indirecto puede implicar honorarios de 10 mil a 15 mil pesos, montos difíciles de cubrir para personas desempleadas o con ingresos limitados.
A ello se agrega el riesgo de accidentes en carreteras de un solo carril, que, advierten los litigantes, los expone a percances por una decisión administrativa que los obligó a litigar fuera de su lugar de residencia.
Para los abogados, este esquema rompe el equilibrio procesal, pues las empresas demandadas con domicilio en Puebla y Tlaxcala no asumen gastos significativos para acudir a audiencias, mientras que los trabajadores sí deben cubrir viáticos o desplazarse varias veces para dar seguimiento a sus juicios.
Tras la salida del expresidente Israel Navarrete, abogadas y abogados sostuvieron una reunión con la funcionaria que quedó como encargada de la Junta Federal 46, de nombre Verónica. Argudín la describe como una persona con experiencia previa como auxiliar de junta y con disposición para trabajar, que ya analiza estrategias para reubicar a personal especializado en puestos clave como dictamen y escribientes.
La expectativa de los litigantes es que, con este relevo, la junta comience a dar resultados medibles y se transparente cuántos expedientes de Puebla han avanzado, información que hasta ahora no se ha dado a conocer de manera clara.
El expediente de Misael Salazar Palafox es una muestra de las consecuencias del cierre de la Junta 33 y del fracaso del traslado a Tlaxcala. Después de 14 años como trabajador de base de la Comisión Federal de Electricidad, la empresa le rescindió el contrato en la primera quincena de febrero de 2020 y él decidió demandar su reinstalación ante la Junta 33. El procedimiento avanzó con lentitud entre periodos de trabajo intermitente y suspensiones de actividades por uno, dos o tres meses, hasta quedar detenido en la etapa de ofrecimiento de pruebas.
Con el cierre de la junta en Puebla, su expediente fue enviado en noviembre a la Junta 46 de Tlaxcala, donde permaneció prácticamente inmóvil durante cerca de un año. Su defensa presentó distintas promociones para reanudar el procedimiento y recibió como respuesta que aún no tenían el expediente o que había otros asuntos en turno.
Tras 8 o 9 meses sin avance, promovió un amparo por dilación procesal y, cuando el juzgado de distrito pidió informes a la autoridad laboral, se determinó que todos los juicios de la Comisión Federal de Electricidad pasarían a la Ciudad de México, por lo que el caso de Misael fue turnado de nuevo, ahora a esa sede.
Cada viaje a Tlaxcala representó para él un gasto de entre 700 y 800 pesos, considerando casetas, gasolina, copias y alimentos, en un contexto de ingresos inciertos.
Ahora, hacia la capital del país, los traslados implican de 3 a 6 horas por los frecuentes accidentes y cierres en la autopista, además de los viáticos y los honorarios profesionales.
A 6 años de la rescisión de su contrato, su asunto no ha avanzado más allá de la etapa en la que se encontraba cuando salió de Puebla.
