El estado de Tlaxcala ha logrado el registro de 100 comunidades para ser reconocidas y obtener el certificado como comunidad originaria ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) e ingresar al Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
Así lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Bienestar, María Estela Álvarez Corona, en rueda de prensa, donde señaló que estas 100 comunidades se encuentran concentradas en 36 municipios, de los que destacan Contla, Ixtenco y San Pablo del Monte.
El Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas es una iniciativa del gobierno de México para identificar y reconocer a estos grupos en sujetos de derecho con personalidad jurídica, con base en sus principales instituciones políticas, jurídicas, territoriales, económicas, sociales y culturales, a fin de garantizar el ejercicio de su libre determinación y autonomía.
Además, señaló Álvarez Corona, a través de este registro algunas de las comunidades pueden acceder a recursos, apoyos y becas de parte del gobierno federal para que éstas, por medio de un comité, decidan cómo ocuparlo para beneficio de toda la población.
No obstante, obtener el registro y la certificación como pueblo originario o afromexicano no garantiza que se otorgue este recurso que ejecuta la Secretaría de Bienestar federal, pues se consideran otros criterios.
“La realidad es que no todas las comunidades que tienen o que están registradas, a través de su certificado, como comunidades indígenas reciben este recurso”, reconoció.
Sin embargo, destacó que contar con el reconocimiento como pueblo originario o afromexicano no solo representa una oportunidad para acceder a apoyos o recursos económicos directos del gobierno federal, sino que es una forma de contar con respaldo y validez a los sistemas de representación, a la cultura y a la identidad de las comunidades.
Por otra parte, sobre el Programa de Bienestar para las Personas Indígenas, una estrategia del gobierno del estado de Tlaxcala, recordó que se trata de una iniciativa que busca impulsar proyectos para el rescate de la tradición y cultura de las comunidades originarias de la entidad.
Por medio de un apoyo económico de 50 mil pesos, los proyectos seleccionados contribuyen al rescate de la identidad de las comunidades indígenas, además de generar ingresos locales, fortalecer el tejido social y preservar saberes ancestrales.
“Es un programa bonito porque el número de acciones nos permite tener un acompañamiento y un acercamiento real que muchas veces no se da en el resto de los programas”, expresó.
Ante el cuestionamiento de un reportero sobre si los beneficiarios de este apoyo lo empleaban realmente para el proyecto presentado o si lo desviaban para otros asuntos, Álvarez Corona aclaró que solo han tenido un caso de este tipo, donde la persona tuvo que utilizar el recurso para cubrir gastos médicos en su familia.
Mismo que, fue presentado ante el comité que seleccionó el proyecto, donde se levantó un acta en la que se autorizó que el recurso fuera usado para este propósito, al tratarse de una situación delicada que involucraba la salud de una persona.
“Ahí sabemos que era una necesidad apremiante que tenía la familia, un tema delicado, y posterior a eso le dimos seguimiento”, pues el proyecto que tenía la persona beneficiaria tuvo que verse pausado por esta situación, por lo que la Secretaría de Bienestar ha buscado la manera de crear vínculos con el municipio y la Secretaría de Cultura para dar impulso al mismo.
En este sentido, el titular de la Coordinación de Comunicación (CCOM), Antonio Martínez Velázquez intervino para aclarar que las comunidades indígenas en México tienen derecho a decidir cómo emplear los recursos que reciben, así a otras personas les parezca que están mal usados.
Para lo cual mencionó la reforma al artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no solo reconoció y amplió los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, sino también la manera en la que el Estado se relaciona con ellas, lo que permite, al ser reconocidos como sujetos de derecho público, que se les entreguen los apoyos y recursos de manera directa.
“Acabar con esa idea paternalista sobre las comunidades indígenas es el corazón de la reforma”, asentó.
