Esta semana vence el plazo legal para que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, secretarios de Estado, diputados locales, magistrados, presidentes municipales, regidores y miles de servidores públicos de los tres poderes e integrantes de órganos autónomos cumplan con la presentación de su declaración de modificación patrimonial correspondiente al ejercicio 2026 y quien no lo realice, sería separado del cargo.
De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas la declaración patrimonial es uno de los principales mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el servicio público, misma que deben rendir en el mes de mayo.
Son más de 20 mil funcionarios estatales y municipales deberán realizar este procedimiento durante el mes de mayo a través del Sistema de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal, habilitado en formato digital.
El artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en entes públicos federales, estatales o municipales está obligada a presentar su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes.
Entre quienes deberán cumplir con este procedimiento se encuentran la titular del Poder Ejecutivo, los 25 diputados de la LXV Legislatura local, magistrados de los distintos tribunales, titulares de dependencias, mandos medios, personal operativo, así como los 60 presidentes municipales, síndicos y cientos de regidores de la entidad.
La legislación también establece los momentos específicos en los que debe presentarse esta obligación administrativa que es cada mes de mayo, en la que los servidores públicos deben informar sobre modificaciones en ingresos, bienes muebles e inmuebles, inversiones, adeudos, participación empresarial y posibles conflictos de interés, además de acreditar, en su caso, la presentación de su declaración fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala reportó que durante el ejercicio 2025, 22 mil 409 servidores públicos cumplieron en tiempo y forma con esta obligación legal mediante la Plataforma Digital del Estado de Tlaxcala.
Asimismo, el organismo detalló que funcionarios de los 60 ayuntamientos y de 10 organismos autónomos cumplieron con este procedimiento anual, entre ellos el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), tribunales de justicia y comisiones de agua potable.
Aunque la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción no informó cuántos servidores públicos incumplieron con esta obligación, recordó que la ley prevé sanciones administrativas para quienes omitan presentar su declaración patrimonial sin causa justificada.
Incluso, la normativa establece que si un funcionario no atiende el requerimiento formal de presentación dentro de los 30 días naturales posteriores al vencimiento del plazo, el órgano interno de control correspondiente podrá dejar sin efectos su nombramiento o contrato, lo que implicaría su separación del cargo.
