Es necesario reconocer la existencia del delito de trata de personas, indicó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en un pronunciamiento respecto a las expresiones de las periodistas Sabina Berman y Louise Callaghan en el programa “Largo Aliento” de Canal Once, respecto a la negativa de autoridades del gobierno de Tlaxcala, encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros, para admitir que hay trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en el estado.
El órgano autónomo enfatizó que la libertad de expresión, el periodismo de investigación y el escrutinio público son fundamentales en una democracia; luego de que el gobierno estatal emitiera un pronunciamiento en el que solicitó derecho de réplica al programa y negó las aseveraciones respecto a que autoridades desde nivel municipal a estatal protegen y permiten el desarrollo de este delito.
“Desde una perspectiva de derechos humanos, resulta indispensable reconocer una realidad que Tlaxcala conoce desde hace décadas: la existencia de este delito y el impacto que ha tenido en la vida de mujeres, niñas y adolescentes”, indica el comunicado.
No obstante, el órgano que encabeza Jakqueline Ordóñez Brasdefer también indicó que las afirmaciones que impliquen imputaciones directas contra instituciones o personas deben sustentarse en evidencia verifiable a través de las vías legales correspondiente; por lo que pronunció por no centrar el debate público en las descalificaciones, sino a redoblar esfuerzos por abatir ese delito, al tiempo que reconoció acciones impulsadas desde el Ejecutivo de Tlaxcala.
“La trata de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos. Detrás de cada cifra existen historias de dolor, proyectos de vida truncados y víctimas que demandan verdad, justicia, reparación integral y garantías efectivas de no repetición. Por ello, cualquier análisis sobre este fenómeno debe colocar en el centro la dignidad de las víctimas y sobrevivientes, evitando su utilización con fines de confrontación política o mediática”.
A pesar de que en reiteradas declaraciones la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ha aseverado que no hay trata de personas en Tlaxcala y que las 28 sentencias condenatorias emitidas, así como los casos en proceso corresponden a años anteriores; en el pronunciamiento firmado como Gobierno del Estado se afirma que la postura de éste y “de la mandataria estatal ha sido clara y consistente: reconocer la problemática para combatirla. Negar su existencia significaría abandonar a las víctimas y renunciar a la responsabilidad institucional que corresponde al Estado. Esa no ha sido ni será la postura de esta administración“.
En su informe 2025, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) evidenció que desde 2022 la Fiscalía General de Justicia no había iniciado carpetas de investigación por ese delito; además de retraso de hasta 72 horas en la localización de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas, hecho que puede estar vinculado con este delito.
También, se refirió a acciones de esta administración en favor de las mujeres como la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, pese a que en sus últimas evaluaciones el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario evidenciaron que la mayoría de las metas no estaban cumplidas.
La creación de la Secretaría de las Mujeres, 30 Centros LIBRE con recursos del gobierno federal y los municipales, presupuesto de programas sociales focalizado en apoyo a mujeres que representa 65 por ciento del total; y una campaña integral en los 60 municipios, aunque omite detallar cómo éstos impactan de forma directa en el delito que se señaló en el programa “Largo Aliento”.
De igual forma, la conformación del Consejo Estatal contra la Trata integrado por dependencias del Ejecutivo, además de representaciones del Legislativo, Judicial y Organismos Autónomos; cuya efectividad ha sido cuestionada por organizaciones como el Centro Fray Julián Garcés o el Colectivo Mujer y Utopía, quienes han señalado a las autoridades de simular en la atención a este problema y de echar atrás acciones como un libro y una estrategia educativa para la prevención desde nivel secundaria.
