Tlaxcala enfrenta una emergencia ambiental debido a la saturación del sitio de disposición final de Morelos, ubicado en Atlangatepec, al que llega la basura de los 60 municipios del estado tras el cierre definitivo de los otros espacios destinados a recibir basura.
La concentración de desechos en ese lugar ha incrementado los tiempos de espera de los camiones recolectores, provocado retrasos en las rutas y afectado la continuidad del servicio público, y como consecuencia, más de 49 municipios han informado o publicado la suspensión de rutas, mientras que en distintas zonas del estado se acumula basura en calles y espacios públicos.
La declaratoria, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, señala que la saturación y la carga operativa de ese espacio incrementaron los tiempos de espera de los camiones recolectores para ingresar y descargar los desechos, lo que generó retrasos en las rutas y afectaciones a la continuidad del servicio público.
A esas dificultades se han sumado las condiciones meteorológicas y las limitaciones operativas del sitio, lo que ocasionó que más de 49 municipios, al momento, decidieran suspender las rutas de recolección, lo que a su vez ha propiciado la acumulación de basura en calles y espacios públicos de distintas zonas de Tlaxcala.
La declaratoria de emergencia sanitaria se debe a que la disposición de residuos en lugares no autorizados representa riesgos ambientales y sanitarios, pues las lluvias pueden arrastrarlos hacia barrancas, cauces y otros cuerpos receptores, con posibles afectaciones al suelo, al agua y a la salud de la población.
De hecho, las personas que sean sorprendidas al tirar sus desechos en espacios públicos serán multadas, de acuerdo con la normativa de cada municipio, y puede ser considerado como una falta administrativa o hasta un delito.
De acuerdo con la Declaratoria de Emergencia Ambiental con Motivo de la Saturación del Sitio de Disposición Final de “Morelos”, ubicado en el Municipio de Atlangatepec, Tlaxcala, la problemática se agravó después de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) determinó que los sitios de disposición final de Calpulalpan, Atlangatepec, Huamantla y Panotla incumplían los estándares establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003.
Incluso detalla que el ocho de abril de 2024, la autoridad federal impuso una clausura parcial que limitó la recepción de residuos a 70% de los volúmenes habituales; posteriormente, el cuatro de junio de 2025 notificó las resoluciones administrativas mediante las cuales determinó la clausura total de los cuatro sitios.
En noviembre de ese año, el gobierno estatal comenzó los trabajos de clausura en Panotla y Huamantla y, a la par, comenzó con las gestiones correspondientes para el cierre de Calpulalpan, lo que trajo como consecuencia que los residuos de los 60 municipios se concentraron en el sitio de Morelos, en Atlangatepec, que quedó como el único lugar para su disposición final.
Como parte de las acciones emprendidas desde abril de 2024, la administración estatal solicitó a los ayuntamientos implementar medidas para reducir la generación de basura y buscar alternativas que permitieran mantener el servicio de disposición final sin agravar el impacto ambiental.
En junio de 2026, las autoridades notificaron a los municipios la determinación relacionada con el cierre de los sitios y les solicitaron informar qué alternativas aplicarían para hacerse cargo de sus residuos sólidos, y la mayoría manifestó que realizaría campañas dirigidas a la ciudadanía; sin embargo, las bitácoras citadas en el documento indican que estas medidas no redujeron los volúmenes que ingresaban diariamente a los sitios de disposición final.
La declaratoria instruye a la Secretaría de Medio Ambiente del estado poner en marcha las acciones necesarias para atender y controlar la emergencia, entre ellas la celebración de convenios con municipios, empresas y otras entidades públicas o privadas para mitigar el impacto de la generación de residuos.
De la misma manera, deberá establecer mecanismos de coordinación con los ayuntamientos para conocer y evaluar las medidas implementadas, así como sus avances y resultados.
También faculta a la Coordinación Estatal de Protección Civil y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para coordinarse con los ayuntamientos y realizar recorridos en las calles, con el propósito de evitar que la población deposite basura en espacios urbanos no autorizados.
A su vez, la Procuraduría de Protección al Ambiente del estado deberá vigilar que los municipios no depositen sus residuos en barrancas ni en lugares no autorizados y presentar las denuncias correspondientes cuando detecte esas prácticas.
El documento establece que las personas sorprendidas depositando residuos en sitios no autorizados podrán ser sancionadas conforme a la legislación aplicable y, cuando los hechos puedan constituir un delito, serán puestas a disposición de las autoridades competentes.
La emergencia permanecerá vigente hasta que la dependencia determine que las causas que la originaron están controladas y existen condiciones suficientes para garantizar la disposición final adecuada de los residuos sólidos urbanos.
