Las denuncias por un presunto fraude de entre 220 y 300 millones de pesos alcanzan a familias de Tlaxcala y Puebla, donde alrededor de 200 personas de la región y otras entidades habrían sido afectadas por un esquema de inversiones con altos rendimientos atribuido a Gerson Alan N., y su esposa, Coral Elizabeth N.
De acuerdo con los testimonios de las víctimas, la pareja operaba mediante la firma GI Consultores y captaba recursos a través de relaciones de confianza, particularmente en entornos escolares, así como mediante la venta de pólizas de Seguros Monterrey. La oferta consistía en inversiones con rendimientos mensuales elevados y préstamos que supuestamente estarían respaldados por contratos gubernamentales.
Uno de los principales argumentos para convencer a los inversionistas fue una presunta licitación ganada con el gobierno de Puebla, cuyos contratos habrían servido como garantía para solicitar dinero a particulares. Sin embargo, las personas afectadas aseguran que los rendimientos prometidos dejaron de llegar y que tampoco han recuperado sus inversiones.
El caso también se extendió a Tlaxcala, donde personas habrían entregado ahorros y hasta finiquitos laborales con la expectativa de obtener ganancias mensuales. En reportes difundidos en septiembre de 2026 ya se documentaban señalamientos de alrededor de 200 personas en Puebla y entidades vecinas.
Las víctimas de ambas entidades describen un mecanismo de captación basado en la apariencia de solvencia económica, las relaciones personales y la promesa de rendimientos superiores a los de instrumentos financieros convencionales. También han manifestado preocupación por la seguridad de quienes han decidido denunciar públicamente.
Aunque los señalamientos también abarcan Querétaro, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Nuevo León y Jalisco, Puebla y Tlaxcalafiguran entre las entidades donde las víctimas han expuesto las afectaciones y solicitado que las autoridades investiguen el destino de los recursos entregados.
Entre las irregularidades señaladas se encuentran posibles delitos de fraude y captación ilegal de recursos. Especialistas han recomendado que las personas afectadas coordinen sus denuncias para documentar el número de víctimas, las cantidades entregadas y las operaciones atribuidas a los señalados, además de impulsar las acciones civiles para intentar recuperar el patrimonio.
Las víctimas piden que las fiscalías de Puebla y Tlaxcalaavancen en las investigaciones y esclarezcan el destino del dinero, ante el temor de que otras familias puedan ser captadas mediante el mismo mecanismo.




