En congruencia con la legislación federal, los diputados Diana Torrejón Rodríguez, Lorena Ruiz García y Juan Manuel Cambrón Soria presentaron la iniciativa para implementar en la entidad la conocida ley 3 de 3.
Lo anterior para que quienes tengan antecedentes como agresores por violencia familiar, sexual, en contra de las mujeres en cualquiera de sus modalidades o por incumplimiento de obligaciones alimentarias, no ocupen un cargo público.
La iniciativa además precisa que quienes ingresen al servicio público, en cualquiera de los tres órdenes y niveles de gobierno, no permanezcan en él, al no tener las cualidades requeridas para representar los intereses de las y los tlaxcaltecas.
Con la iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, estas modificaciones buscan armonizar la legislación local, conforme a lo aprobado por el Congreso de la Unión respecto a la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargos, empleo o comisión del servicio público.
Los legisladores propusieron reformar la Constitución a fin de establecer como requisito para ocupar el cargo de gobernador, procurador, magistrado y diputado, no tener antecedentes como persona agresora por el delito de violencia familiar en cualquiera de sus tipos y manifestaciones; no tener antecedentes como persona agresora por delitos contra la libertad y la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual.
Señalaron que para ocupar esos cargos los aspirantes a los mismos no deben tener antecedentes como deudor alimentario moroso y/o como persona agresora por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, salvo que acredite estar al corriente del pago, cancele en su totalidad la deuda y no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimenticios en las distintas entidades federativas del país.
Expusieron, debido a que en Tlaxcala la violencia en contra de las mujeres es alarmante, toda vez que datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, reveló que en la entidad el 68.6 % de las mujeres de 15 años o más experimentaron algún tipo de violencia, tanto psicológica, como física o sexual.
Por otro lado, según el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, de 2015 al 31 de mayo de este 2022 hubo un registro acumulado de 21 mil 256 agresiones en contra de la población femenina en Tlaxcala y las estadísticas de homicidios dolosos de mujeres registradas reflejan un incremento de más de 100 %, de las cuales las víctimas son mujeres jóvenes de entre 11 y 40 años de edad y, en más de la mitad de estas, los casos y los actos permanecen en la impunidad.
De acuerdo con la iniciativa, todas las personas servidoras públicas del estado, pero se hace especial énfasis tratándose del gobernador, diputados locales, integrantes de los ayuntamientos, procurador general de justicia en el estado, magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia, así como del titular de la presidencia y consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, consejeros del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, a fin de que estén impedidos de ocupar esos cargos o ser contratados si tienen alguna denuncia por la violencia ya referida.
Plantearon que, para ocupar la titularidad de los diversos organismos, las personas deberán demostrar no tener antecedentes como persona agresora por el delito de violencia familiar de cualquiera de sus tipos y manifestaciones; no tener antecedentes como persona agresora por delitos sexuales, contra la libertad y la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual y/o violatorios de la intimidad corporal.
Aunado a lo anterior, menciona que no deberá tener antecedentes como deudor alimentario moroso y/o como persona agresora por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, salvo que acredite estar al corriente del pago, cancele en su totalidad la deuda y no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimenticios en las distintas entidades federativas del país.
Por separado, los congresistas también propusieron una serie de reformas y adiciones a las leyes de la CEDH; de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Tlaxcala; Orgánica de la Administración Pública y de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus municipios, para impedir la contratación de personal o la designación de sus titulares a personas denunciadas como agresores por violencia familiar, entre otros.
Advirtieron que, en el caso de los servidores públicos, en cualquiera de sus niveles y funciones, su nombramiento dejará de surtir efectos y, en consecuencia, terminará la relación laboral sin responsabilidad para los titulares de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos por contar con los antecedentes antes descritos.
Integrantes de la sociedad civil celebraron la presentación de esta iniciativa, pero advirtieron que hacen falta otros mecanismos para que esto surta efecto, pues en la administración estatal existen muchos casos que pueden englobarse en esta ley, de ahí que es necesario ponerla en práctica lo antes posible.
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