Autoridades de Tlaxcala y Puebla investigan la existencia en el territorio de 2 posibles granjas en las que se elaboran criptomonedas presuntamente de manera clandestina.
Lo anterior fue revelado por el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, quien informó que en su territorio han sido detectadas 3 granjas de bitcoin y criptomonedas, y que dos de ellas podrían estar en territorio tlaxcalteca o tener algún tipo de relación con la entidad, pero se trata de una situación que está siendo investigada.
De acuerdo con el funcionario de Puebla, autoridades de ambos estados han identificado los tres posibles centros de minería de criptomonedas, aunque uno de ellos ya fue ubicado en Nuevo Necaxa, municipio de Juan Galindo, en Puebla.
Y con relación a los otros 2 , las autoridades de Tlaxcala y Puebla próximamente sostendrán una reunión para coordinar los trabajos de investigación y hacer operativos que permitan proceder en contra esas instalaciones presuntamente ilegales y que ya están ubicados.
Las presuntas granjas clandestinas de criptomonedas afectan directamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por medio del huachicoleo eléctrico, pues para operar usan decenas de equipos computacionales que registran transacciones del mercado de las monedas virtuales y que requieren un alto consumo de electricidad.
Según el banco Santander, las criptomonedas son monedas virtuales, sin equivalente físico, que usan criptografía para asegurar las transacciones y pagos y para controlar la creación de nuevas unidades monetarias.
Son además activos digitales descentralizados, ya que no están controladas ni respaldadas por ningún banco central, y sus intercambios no requieren de intermediarios. El control de las transacciones de criptodivisas depende de una base de datos descentralizada, normalmente una blockchain (cadena de bloques).
Y se utilizan como medio de pago alternativo al dinero de curso legal y más frecuentemente como inversión. Pero, a diferencia de otros activos financieros, las criptodivisas no están sometidas a ninguna regulación específica, no cuentan con el respaldo de una autoridad pública, ni están cubiertas por ningún mecanismo de protección al consumidor.
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