Más de la mitad de lo 60 ayuntamientos de Tlaxcala carece de comités de control interno y casi 3 de cada 4 municipios operan sin políticas de ciberseguridad para proteger sus sistemas y bases de datos, reveló el primer Mapeo de los Órganos Internos de Control (OIC) de los 60 municipios del estado.
El diagnóstico elaborado por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (SAET), ejercicio técnico impulsado por su presidente, Juan Carlos Cruz Jiménez, expone que mientras los municipios presentan avances importantes en el cumplimiento formal de obligaciones administrativas, mantienen severas deficiencias precisamente en los mecanismos destinados a evitar irregularidades antes de que ocurran.
El estudio evaluó las capacidades de las contralorías municipales en 4 rubros estratégicos como son ética pública, declaraciones patrimoniales, responsabilidades administrativas y control interno.
En materia normativa, el balance resulta favorable ya que de los 60 municipios, 58 cuentan con un Código de Ética aprobado y 92 por ciento dispone de un Código de Conducta y la totalidad de los ayuntamientos utiliza la Plataforma Digital Estatal (PDE) para el resguardo y seguimiento de las declaraciones patrimoniales de sus servidores públicos.
También existen avances en la tramitación de responsabilidades administrativas ya que 52 municipios cuentan con una separación técnica entre las autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras, condición indispensable para evitar que una misma autoridad concentre todas las etapas de un procedimiento.
Sin embargo, 33 ayuntamientos no tienen instalado un Comité de Control Interno, encargado de contribuir a la vigilancia y administración de los riesgos institucionales, es decir, más de la mitad de los municipios carece de una estructura formal para detectar oportunamente desviaciones en sus procesos administrativos y financieros.
La situación tampoco mejora en materia de prevención de la corrupción porque 53 por ciento de las contralorías municipales no aplica metodologías formales para identificar, evaluar y mitigar riesgos de corrupción.
Aunado a ello, sólo 16 municipios cuentan con políticas o lineamientos de seguridad para proteger sus sistemas de información y bases de datos, esto significa que 44 ayuntamientos, lo que representa 73 por ciento, carecen de instrumentos formales de ciberseguridad.
La vulnerabilidad adquiere mayor dimensión si se considera la cantidad y sensibilidad de la información que manejan los gobiernos municipales, desde declaraciones patrimoniales y expedientes administrativos hasta información personal de trabajadores y ciudadanos.
El diagnóstico también revela una brecha entre sancionar y transparentar, pues aunque 77 por ciento de los municipios lleva un registro de servidores públicos sancionados, apenas 25 ayuntamientos, equivalentes a 42 por ciento, publican esas resoluciones en la Plataforma Nacional de Transparencia o en la Plataforma Digital Nacional.
Ante este escenario, el CPC-SAET recomendó acelerar la instalación de los Comités de Control Interno pendientes, capacitar a los servidores públicos en materia de conflicto de intereses, fortalecer las metodologías para identificar riesgos de corrupción y profesionalizar las áreas de informática.
